El bufete Ilocad, dirigido por el exjuez espa帽ol Baltasar Garz贸n, acusa a las autoridades de Cabo Verde de atentar contra el derecho de defensa del empresario colombiano Alex Saab (reclamado en Estados Unidos) por deportar en dos ocasiones a uno de sus abogados, seg煤n un comunicado remitido este s谩bado.
Este despacho legal defiende a Saab en el caso de extradici贸n que se cursa en Cabo Verde -donde est谩 detenido- a petici贸n de Estados Unidos, que lo acusa de lavado de dinero.
El bufete asegura que uno de sus abogados intent贸 entrar en el pa铆s africano el jueves y el viernes pasados a trav茅s del aeropuerto internacional Nelson Mandela de Praia, sin conseguirlo.
Explica que un mismo responsable de vigilancia adujo en el aeropuerto motivos burocr谩ticos para justificar la negativa a que el letrado pasara los controles de seguridad. Una acci贸n que Ilocad considera “arbitraria y sorpresiva” y un “atropello intolerable” de las autoridades caboverdianas para “perjudicar gravemente” la defensa de Saab.
Seg煤n el comunicado, esto evidencia la “persecuci贸n pol铆tica” que padece el empresario en el proceso de extradici贸n “injusto e instrumental” por parte de Estados Unidos “en su confrontaci贸n con el gobierno venezolano”.
Alega inmunidad
El equipo legal del empresario demand贸, a su vez, a Estados Unidos y Cabo Verde ante organismos judiciales internacionales y de ese pa铆s africano. Esto por considerar que se viol贸 la inmunidad jurisdiccional de Saab en su condici贸n de “enviado especial de Venezuela”.
Tras ser detenido el 12 de junio pasado en Cabo Verde, Venezuela se帽al贸 que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del gobierno, que se encontraba “en tr谩nsito” para regresar al pa铆s.
Saab fue arrestado en respuesta a una petici贸n de Estados Unidos cursada por medio de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
Mantuvo un bajo perfil en Colombia; sin embargo, el nombre de Saab apareci贸 en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acus贸 en 2017.
Nacido en Barranquilla y de origen liban茅s, est谩 relacionado con varias empresas; entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y v铆veres con sobreprecios a la administraci贸n de Maduro.
Seg煤n funcionarios del gobierno estadounidense, el empresario colombiano se lucr贸 en estas operaciones con “cientos de millones de d贸lares”.
Cortes铆a 2001
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